TABLA DE CONTENIDO I. ANTECEDENTES 1.1. Entidad rectora II. BASE NORMATIVA III. FUNDAMENTACIÓN IV. DIAGNÓSTICO 4.1. Metodología 4.2. Identificación del problema 4.2.1 Capacidad militar de las FFAA. 4.2.2 Protección de la Amazonía, presencia en la Antártida y combate a la minería ilegal. 4.2.3 Capacidad para la lucha contra el terrorismo. 4.2.4 Capacidad para combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 4.2.5 Capacidad para combatir la corrupción. 4.2.6 Capacidad para efectivizar la modernización de la gestión pública. 4.2.7 Cultura de Seguridad Nacional. 4.2.8 Identidad nacional en los ciudadanos. 4.2.9 Capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana. 4.2.10 Capacidad de gestión de riesgo de desastres. 4.2.11 Hacinamiento penitenciario y resocialización de sentenciados. 4.2.12 Competitividad de la economía peruana. 4.2.13 Inversión en ciencia y tecnología. 4.2.14 Infraestructura para enfrentar ataques a los intereses informáticos: Ciberseguridad. 4.2.15 Capacidad de atender el abastecimiento energético. 4.2.16 Capacidad para desacelerar el deterioro del ambiente. 4.2.17 Capacidad para el desarrollo de tecnologías. 4.2.18 Capacidad para la gestión del territorio. 4.2.19 Capacidad para reducir la pobreza y desigualdad social. 4.2.20 Capacidad para el manejo de los conflictos sociales. V. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 5.1. Objetivos de la Política. 5.2. Lineamientos de la Política. VI. ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA VII. ARTICULACIÓN DE INTERVENCIÓN SELECCIONADA
Fomente la participación activa de toda la sociedad en su conjunto, para el logro de objetivos de la Política de Seguridad Nacional.
Garantice la plena operatividad de las Fuerzas Armadas, orientada a la disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como al mantenimiento de la paz.
Impulse la enseñanza de los conceptos básicos de la Seguridad Nacional en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.
Fomente la participación activa en la protección de la Antártida, el medio ambiente, el desarrollo de la Amazonía y la integración nacional.
Establezca y mantenga una estrecha coordinación entre el Sistema de Defensa Nacional y la política exterior, para la definición y defensa de los intereses permanentes del Estado. Con este antecedente se aprueba la Política del Estado para la Defensa y la Seguridad Nacional, mediante Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG, en la cual se determinó los objetivos y políticas para garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. En el año 2007, la aprobación de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, uniformiza los principios y contenidos de las políticas públicas de gobiernos; clasificándolas en políticas nacionales y sectoriales, especificando que las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, las metas y las acciones de las políticas públicas, los sectores que deben cumplirlas y la provisión de servicios que deben ser conducidos y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Asimismo, establece que las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Adicionalmente, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario, aprobado en 2011, incorporó como una de las prioridades del eje denominado Estado y Gobernabilidad, la “Operatividad y Eficacia del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional” y determinó los siguientes lineamientos de política en materia de Seguridad y Defensa Nacional:
Garantizar la plena operatividad de unas Fuerzas Armadas orientadas a la disuasión, defensa y prevención de conflictos; así como, al mantenimiento de la paz y su proyección internacional en coordinación con la acción diplomática.
Impulsar la enseñanza de los conceptos de Seguridad Nacional en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.
Garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas susceptibles a la violencia terrorista y al tráfico ilícito de drogas.
Proteger y conservar la Antártida, el medio ambiente, el desarrollo de la Amazonía y la integración nacional.
Optimizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, para defender los intereses permanentes del Perú. En ese mismo eje, se estableció otro lineamiento de política denominado: “Fortalecer la política de 12 NORMALES LEGALES Viernes 22 de diciembre de 2017 / El Peruano seguridad en el ámbito hemisférico y promover una política de paz y seguridad en el ámbito regional, con el fin de establecer un sistema de seguridad cooperativa que permita evitar conflictos armados, reducir el armamentismo y reorientar los recursos nacionales a la lucha contra la pobreza, consolidando una zona de paz sudamericana y contribuyendo así a un clima de paz y seguridad mundial¹. De otro lado, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM aprueba las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, define las políticas nacionales en diversas materias y reconoce la política en materia de Seguridad y Defensa Nacional, que cuenta con los siguientes lineamientos:
Fomentar la participación activa de todos los sectores, niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, en el logro de los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional.
Fomentar el orgullo y la identidad nacional.
Impulsar el establecimiento y la consolidación de fronteras vivas como auténticos polos de desarrollo. En el ámbito internacional, se forjó un concepto de Seguridad más amplio, que modificó el enfoque que priorizaba la defensa del territorio a través de las armas a otro que incorpora la protección de la persona humana respaldándose en acciones de desarrollo. En la "Declaración sobre Seguridad en las Américas"², suscrita por nuestro país en el año 2003 en la ciudad de México, se determinó que la seguridad hemisférica se ve afectada de diferentes formas; por esa razón, la seguridad tiene un carácter multidimensional que comprende al terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción y el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre estos delitos, la pobreza extrema, los desastres de origen natural, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética, y el acceso y posesión por terroristas de armas de destrucción masiva y sus medios vectores. Finalmente, para la formulación de los objetivos y lineamientos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, se consideraron los lineamientos del Plan de Gobierno. 1.1. ENTIDAD RECTORA El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el ente rector del Sistema de Defensa Nacional, que aprueba los Objetivos y la Política de Seguridad y Defensa Nacional; así como, las normas y los lineamientos técnicos para su implementación y evaluación. II. BASE NORMATIVA - Constitución Política del Perú. - Ley N° 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. - Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su modificatoria. - Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. - Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. - Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley N° 28044, Ley General de Educación. - Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y su modificatoria. - Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal. - Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado. - Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. - Decreto Legislativo N° 1129, Decreto Legislativo que regula el Sistema de Defensa Nacional. - Decreto Legislativo N° 1131, Decreto Legislativo que crea la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. - Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. - Decreto Supremo N° 105-2002-PCM, Precisan que el Presidente de la República preside el Acuerdo Nacional e institucionalizan el Foro del Acuerdo Nacional. - Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG, Decreto Supremo que aprueba la Política de Estado de la Seguridad y Defensa Nacional. - Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. - Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021. - Decreto Supremo N° 089-2011-PCM, Autorizan al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico–CEPLAN a iniciar el proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. - Decreto Supremo N° 008-2012-JUS, Aprueba el Reglamento de Política Criminal. - Decreto Supremo N° 012-2013-IN, Aprueba el Política Nacional del Estado Peruano en Seguridad Ciudadana. - Decreto Supremo N° 005-2014-JUS, Aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016. - Decreto Supremo N° 010-2014-JUS, Aprueba el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y Deberes Fundamentales al 2021. - Decreto Supremo N° 011-2014-IN, Decreto Supremo que aprueba Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. - Decreto Supremo N° 006-2016-DE, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. - Decreto Supremo N° 061-2016-PCM, Que aprueba la adscripción de organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción o fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros a diversos ministerios. III. FUNDAMENTACIÓN Desde la promulgación del Decreto Supremo N° 001-B-2004-DE-SG, que aprueba la Política de Estado de la Seguridad y Defensa Nacional se han producido diversos cambios en materia de Seguridad en el ámbito mundial, regional y nacional. En el ámbito mundial, transitamos a un mundo cada vez más multipolar donde no existe una potencia hegemónica a nivel mundial, sobre todo luego de la crisis económica del año 2008. Las tradicionales potencias occidentales han reducido su poder y presencia internacional, mientras que países regionales han logrado alcanzar niveles sostenidos de crecimiento económico, convirtiéndose en actores emergentes en el orden mundial. Desde los primeros años del siglo XX, el terrorismo se ha convertido en la principal amenaza a la seguridad mundial. En muchos casos, esto ha degenerado en una serie de situaciones violentas que han desencadenado en conflictos y guerras, sobre todo, en el continente africano y asiático. A nivel regional en los últimos lustros, lo que más destaca es el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en torno a la delimitación marítima entre Perú y Chile; y las negociaciones de paz entre el Gobierno Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A nivel nacional, las amenazas a la seguridad nacional se han modificado desde el año 2004. Podemos destacar la presencia de remanentes terroristas en el VRAEM y su relación cada vez más estrecha con las organizaciones criminales de la zona, sobre todo aquellas vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Esta situación ocasiona que uno de los temas prioritarios sea el combate a las organizaciones terroristas y criminales en dicha zona. Además, los altos índices de victimización y percepción de inseguridad ciudadana, por la delincuencia común y el crimen organizado, han convertido a la falta de seguridad en el principal problema del país. Por otro lado, en las primeras décadas del siglo XX han aparecido nuevos enfoques de la seguridad. En la Declaración sobre Seguridad en las Américas, realizada en la Conferencia Especial de la Seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 2003, se reconoce que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional; y que el concepto de las amenazas tradicionales debe ampliarse. Además, desde el año 1994, la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado el enfoque de seguridad humana. La idea de seguridad humana apareció por primera vez en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Naciones Unidas, donde se plantea una noción de seguridad diferente a la defensa del Estado soberano y sus intereses. La seguridad humana relaciona la seguridad ya no con los Estados sino con las personas y las preocupaciones de la vida cotidiana, se entiende como una condición de “libertad respecto al miedo y libertad respecto a las necesidades” de las personas. La seguridad humana se divide en siete dimensiones relacionadas con diversos tipos de amenazas: seguridad económica, seguridad alimentaria, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política. Dentro de estos cambios en el contexto de la seguridad, donde el escenario ha cambiado y han aparecido dos nuevos enfoques, el multidimensional y el de seguridad humana, también se han promulgado diversas normas que hacen necesario actualizar los lineamientos y objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional. Diversas entidades que componen el Sector Defensa han actualizado o modificado sus leyes y se ha promulgado una ley que regula el Sistema de Defensa Nacional. En este sentido, se puede apreciar que la Política de Seguridad y Defensa Nacional aprobada el año 2004, se dio bajo las siguientes normas: • Decreto Legislativo Nº 743 – Dictan Ley del Sistema de Defensa Nacional, del 08 de noviembre de 1991. • Ley Nº 27860 – Ley del Ministerio de Defensa, del 12 de noviembre de 2002. • Decreto Legislativo Nº 440 – Ley Orgánica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del 27 de setiembre de 1987. • Decreto Legislativo Nº 437 – Ley de Organización y Funciones del Ejército del Perú, del 27 de setiembre de 1987. • Decreto Legislativo Nº 438 – Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú, del 27 de setiembre de 1987. • Decreto Legislativo Nº 439 – Ley Orgánica de la Fuerza Aérea del Perú, del 27 de setiembre de 1987. Dichas normas a la fecha no se encuentran vigentes, habiéndose modificado la normativa, conforme al siguiente detalle: • Normativa del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional: Ley Nº 28478 – Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, del 27 de marzo de 2005. (Derogada a la fecha) Decreto Legislativo Nº 1129 – Regula el Sistema de Defensa Nacional, del 07 de diciembre de 2012. • Normativa del Ministerio de Defensa: Ley Nº 29075 – Ley que establece la naturaleza jurídica, función, competencias y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, del 01 de agosto de 2007. (Derogada a la fecha) Ley Nº 29605 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, del 22 de octubre de 2010. (Derogada a la fecha) Decreto Legislativo Nº 1134 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, del 10 de diciembre de 2012. • Normativa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Decreto Legislativo Nº 1136 – Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del 10 de diciembre de 2012. • Normativa del Ejército del Perú Decreto Legislativo Nº 1137 – Ley del Ejército del Perú, del 10 de diciembre de 2012. • Normativa de la Marina de Guerra del Perú Decreto Legislativo Nº 1138 – Ley de la Marina de Guerra del Perú, del 10 de diciembre de 2012. • Normativa de la Fuerza Aérea del Perú Decreto Legislativo Nº 1139 – Ley de la Fuerza Aérea del Perú, del 10 de diciembre de 2012. Por lo expuesto, es necesario incorporar a las Políticas de Gobierno la reforma del Sistema de Defensa Nacional, con el objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento para promover el desarrollo del país y garantizar la seguridad de la Nación, la plena vigencia de los derechos fundamentales, el bienestar de la población y la consolidación del estado constitucional de derecho; todo lo cual contribuye a la paz, desarrollo integral y justicia social. IV. DIAGNÓSTICO 4.1. Metodología El problema público de seguridad nacional demanda considerar un conjunto de fenómenos sociales, políticos, económicos, diplomáticos, tecnológicos, ambientales y militares que amenazan al Estado y a la población; poniendo en riesgo la continuidad de la Nación y truncando las opciones de desarrollo de las personas. De esta manera, se desarrolla una metodología con enfoque sistémico e integral, que contribuye a afrontar el problema y estructurar la problemática para convertirlos en aspectos necesarios para diseñar la Política Nacional. Esta labor se inició mediante la conformación de un grupo de trabajo con profesionales especializados en materia de Seguridad Nacional, con quienes se desarrolló grupos de análisis, tomando como base el estudio de la realidad, segmentándola en siete ejes (socio-humano, socio-económico, ambiental, tecnológico, informacional, geoestratégico y energético) a fin de poder estudiar los múltiples fenómenos que pueden constituir amenazas a la Seguridad Nacional e identificar su nivel de impacto, probabilidades de ocurrencia, estructura del problema y áreas de importancia que son relevantes en la definición de la problemática pública (Ver Gráfico Nº1). De esta forma, cada grupo desarrolló la labor de análisis y se establecieron los parámetros sobre los cuales se desenvuelve el eje, definiendo su contenido, lo que permitió que se pueda identificar los sectores involucrados para tomar sus productos como fuentes de información. Definido ello, se inició la exploración documental, tomando los principales instrumentos que han producido los sectores como son las políticas, planes, estrategias u otros instrumentos que sirvieron de fuente para tomar conocimiento de los principales problemas que los afectan. Los fenómenos como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la corrupción, los conflictos sociales, la contaminación ambiental, el riesgo ocasionado por los desastres de origen natural y otros, una vez determinados, fueron analizados de manera particular, a fin de determinar su centro de acción y su dinámica crítica. Se analizaron sus patrones, desenvueltas y niveles de expansión, verificando los marcos sobre los que impactan y el grado en el que lo hacen, facilitando su entendimiento para reconocer sus formas de gestión y posibilidades de solución. Luego de analizar el desenvolvimiento de cada factor problemático, se determinó si cada uno de estos, de manera independiente o en conjunto, tuvo riesgos elevados o moderados que, de producirse, podrían configurar amenazas a la Seguridad Nacional, lo cual demandó el desarrollo de una gradación dentro de una escala valorativa que comprendía un enfoque mixto, puesto que recogía una perspectiva objetiva y otra subjetiva para definir las implicancias de cada evento capaz de ser portador de política sobre la Seguridad Nacional (Ver Gráfico N°2). Con el constructo concluido, se desarrolla la acción en una lógica “articuladora” del sistema. Asimismo, se determina la respuesta estructural a la problemática, lo que llevó a las premisas estructurales que son las primeras alternativas de solución de los problemas identificados, los mismos que serán descritos en la narrativa de la política, que explica los problemas y su solución de manera sistémica (Ver Gráfico N°3). El Peruano / Viernes 22 de diciembre de 2017 NORMAS LEGALES La fase de socialización, con todos los sectores y organismos públicos involucrados, abordó los problemas identificados y los marcos de respuesta programática, expresados en los objetivos y lineamientos de política, lo que permitió disciplinarlos conforme a los intereses de los actores en una adaptación dual de la política. En este sentido, se determinó que la política tendría mejor nivel de receptividad al compatibilizar con los grandes enfoques estratégicos que se vienen desarrollando en el Estado; también, conjugará con las políticas sectoriales y que, al mismo tiempo, se constituirá como el instrumento orientador que sirve de referencia para que, de manera transversal, todos los niveles de gobierno ajusten sus instrumentos políticos y de planeamiento estratégico en lo que se refiere a temas que amenazan a la Seguridad Nacional (Ver Gráfico N° 4). Gráfico N° 4 El nivel de impacto como respuesta a la problemática, ratifica la necesidad de contar con una política pública, en este caso una Política de Seguridad Nacional, que plantee propuestas de solución a la Seguridad Nacional de manera concreta para garantizar el bienestar de la población y facilitar el desarrollo nacional. 4.2. Identificación del Problema En la literatura, sobre los problemas que por su magnitud afectan a los objetivos de la Seguridad Nacional, existe un amplio consenso en reconocer que se encuentran asociados a los siguientes factores: el crimen organizado, entre otros, la inseguridad ciudadana, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la corrupción, la administración de justicia, la corrupción, la inadecuada gestión del Estado, los conflictos sociales, las actividades de la minería informal y la minería ilegal, la contaminación ambiental, la vulnerabilidad ante desastres, los escasos niveles de desarrollo tecnológico y la pobreza. La Política de Seguridad y Defensa Nacional identifica como sujetos de la Seguridad y Defensa Nacional al Estado y a la persona humana, y, como objetivos de la misma, la soberanía, la independencia y la integridad territorial, el Estado de derecho y los intereses nacionales (correspondientes al sujeto "Estado"), además de la paz social y la protección de los derechos fundamentales (correspondientes al sujeto "persona humana"). La problemática de la Seguridad Nacional incide en el desarrollo de otros problemas, generando efectos cascada o de agravios, incluso por la acción inadecuada o la inacción en su tratamiento. Por ello, se analizarán a continuación los siguientes apartados: 4.2.1 Capacidad militar de las Fuerzas Armadas CLASIFICADO CLASIFICADO 4.2.2 Protección de la Amazonía, presencia en la Antártida y combate a la minería ilegal La Novena Política de Estado del Acuerdo Nacional (2002) y los lineamientos de Política de Seguridad Nacional establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - CEPLAN (2011), identificaron la necesidad de proteger la Amazonía y la presencia en la Antártida. Los retos ambientales más importantes en el Perú se encuentran en la Amazonía, debido a que es una de las zonas más ricas en recursos naturales y, al mismo tiempo, de las de mayor fragilidad ambiental. Estas categorías de daños al ambiente tienen un costo económico aproximado de 4% del PBI, y afectan principalmente a los más pobres. Durante décadas, la explotación extractiva del país ha sido desordenada y sin una adecuada visión de desarrollo, basada principalmente en la obtención y exportación de materias primas. Desde la década de 1970 se ha llevado a cabo actividades de exploración, explotación y transporte de petróleo en los denominados Lotes 1-AB y 8, ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Los pueblos amazónicos afectados comparten los impactos generados por la explotación del Lote 1-AB y del Lote 8. Los recursos naturales en la Amazonía peruana han generado a las empresas nacionales y extranjeras grandes ingresos por la extracción y exportación de hidrocarburos. Por otro lado, esta actividad ha generado diversos riesgos ambientales, especialmente en Cusco, Madre de Dios y Puno. En Madre de Dios, la minería aluvial de oro ha destruido grandes extensiones de bosques y ha dejado suelos y árboles muertos en pie, lagunas y pantanos destruidos y un gran movimiento de tierras que altera los suelos de drenaje y que afecta el hábitat de numerosas especies. El accionar de la minería ilegal, durante la última década, habría generado que las exportaciones de oro ilegal se conviertan en una de las principales actividades económicas ilícitas del país. La lucha frontal contra la minería ilegal, para erradicar las actividades informales e ilegales, requiere el esfuerzo del mismo gobierno, que contará la implementación de medidas concretas, coordinadas y articuladas al más alto nivel y que aseguren la recuperación de las áreas afectadas y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Ante el marco de 1980, el Sistema del Tratado Antártico que es el eje del Sistema del Tratado Antártico, es el acuerdo de cooperación internacional que administra los asuntos en la Antártida. Nuestro país ha asumido el compromiso de priorizar la investigación científica y la protección del ambiente habiendo logrado avances importantes en este aspecto. Por otro lado, es necesario ampliar labores conjuntas entre las Fuerzas Armadas de la región, la integración de agendas de trabajo multinacional, la promoción del intercambio. de experiencias, el combate a las amenazas a la seguridad internacional y el despliegue de tareas de vigilancia y control de la Amazonía; cuya protección se ha convertido en tema de interés mundial debido a su capacidad de disminuir los efectos adversos que origina el cambio climático al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Debido a que la Amazonía representa un porcentaje significativo dentro del territorio de nuestro país, el Estado ha asumido compromisos tanto a nivel nacional como internacional para fortalecer el control y la protección de la Amazonía, y promover el desarrollo y ocupación ordenada, respetando los ecosistemas y la entidad social y cultural de las comunidades nativas. De igual forma, se incrementará la participación de nuestro país en acciones de política internacional destinadas a generar conocimiento científico y aspirar al mejor desarrollo de los intereses nacionales en la Antártida. 4.2.3 Capacidad para la lucha contra el terrorismo CLASIFICADO CLASIFICADO 4.2.4 Capacidad para combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos El informe de monitoreo de cultivo de Coca 2015 elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, destaca importantes avances referidos a la variación de la distribución y la presencia de hoja de coca. Los resultados muestran que la extensión total ocupada por coca en el contexto nacional se redujo durante el año 2015 por cuarto año consecutivo. Al 31 de diciembre de 2015, el espacio ocupado alcanzó las 40,300 hectáreas (ha), es decir, 6.1% menos en comparación con el registrado en el año 2014 (42,900 ha), y este a su vez, 13.9% menos en comparación con el registrado en el año 2013 (49,800 ha). Las mayores extensiones se concentraron en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) con 18,845 ha y en La Convención y Lares, con 10,342 ha, que en conjunto representan 68.0% del espacio total ocupado a nivel nacional (Ver Gráfico N° 5). EXTENSIÓN CULTIVADA CON COCA A NIVEL NACIONAL 2000 – 2015 (HA) FUENTE: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC Gráfico N° 5 El impacto económico y social de la problemática del consumo de drogas en el Perú es significativo, ya que el costo de la misma ha sido estimado en US$ 444.7 millones anuales, lo que corresponde a cerca de US$ 16 per cápita, estas cifras representan el 0,2 % del PBI. De este costo anual, US$ 245,4 millones corresponden al alcohol, US$ 192,3 millones a las drogas ilegales y US$ 7 millones al tabaco. La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012 – 2016 contemplaba la destrucción de las pistas de aterrizaje clandestinas, la intervención de avionetas y la incautación de dinero transfronterizo, entre otras operaciones policiales. La nueva Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021, prioriza el fortalecimiento del accionar articulado de las instituciones competentes en lucha contra las drogas y enfatizará las actividades de prevención para evitar que las personas se involucren en la cadena del tráfico ilícito. Los efectos del tráfico ilícito de drogas son una amenaza permanente para la seguridad y salud de las personas, ya que generan perjuicio para la imagen exterior del país y un distorsionador de la dinámica económica, por estar vinculados a actos de corrupción y operaciones financieras de lavado de activos. Esta situación se agrava por su nexo con organizaciones terroristas, las cuales son financiadas por el narcotráfico para su surgimiento político con la radicalización de su ideología en las universidades y gremios en general que buscan insertarse en la actividad pública, a través de organismos de fachada. Por ello, resulta indispensable actuar de manera multidisciplinaria para promover el proceso integral de reforma normativa, así como el lineamiento, concordancia y coherencia de los indicadores de los planes nacionales destinados a luchar contra estos actos ilícitos, y sus conexos. 4.2.5 Capacidad para combatir la corrupción Según el índice de Percepción de Corrupción – IPC, elaborado por Transparencia Internacional, en el año 2016 el Perú se ubica en la posición 101; 13 puestos debajo del año 2015 (puesto 88), en un total de 176 países evaluados. Sin embargo, la puntuación del IPC 2015 descendió en dos puntos, respecto al año 2014 y este, a su vez, 3 puestos debajo respecto del año 2014 (puesto 85). El índice de la percepción de la corrupción en el Perú, en comparación con otros países de la región, muestra que es una problemática que merece particular preocupación (Ver Gráfico N° 6). ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2016 La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). El Peruano / Viernes 22 de diciembre de 2017 NORMAS LEGALES Gráfico N° 6 | Posición País/ Puntación Encuestas Desviación Intervalo de confianza Rango | | País/ del IPC utilizadas estándar Min. Máx. Inferior Superior | | 2016 | | | | | | | | 9 Canadá 82 7 2.03 79 85 79 90 | | 24 Chile 66 8 2.65 61 70 54 76 | | 79 Brasil 40 8 4.34 34 47 25 61 | | 90 Colombia 37 8 2.27 34 41 28 47 | | 95 El Salvador 36 7 2.76 31 40 22 45 | | 101 Perú 35 7 2.04 32 39 29 45 | FUENTE: Transparency International América - 2016 La corrupción no se desarrolla como un fenómeno unitario ni unidireccional, no se concentra en un solo sector económico o en una sola institución y tampoco se explica por un solo factor; por el contrario, tiene diferentes formas de aparecer de manera diversa en el escenario social, político y económico de nuestro país relacionándose con actividades criminales e ilícitas. Existen avances facilitados por normas jurídicas y acciones ejecutivas del Estado para la lucha contra la corrupción, como por ejemplo, el fortalecimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción a través del incremento de su presupuesto, también con la creación de la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI, encargada de ordenar procesos de incautación y administración de bienes incautados. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN-Anticorrupción, es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que viene realizando importantes esfuerzos de articulación, coordinación de acciones y propuestas de políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. El registro de sancionados y destituidos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, la creación del Sistema Nacional de Obras - INFOBRAS, registro de obras para monitoreo de su avance y cumplimiento; la incorporación del Perú a la Sociedad de Gobierno Abierto y con ella la creación de una Comisión de Gobierno Abierto son esfuerzos que se suman y no deben estar aislados. El escaso porcentaje en denuncias de corrupción se debe a la falta de conocimiento acerca de los medios de denuncia y a la falta de confianza en las instituciones encargadas de canalizar las denuncias y judicializarlas. Esto tendría un asidero en que la participación ciudadana sigue siendo deficiente y no logra insertarse activamente en los avances que se centran en la creación de campañas como la ha sido “Yo denuncio la corrupción”, cuya implementación del Centro de Orientación al Denunciante y elaboración de un Manual del Denunciante, no se ha realizado adecuadamente. Tampoco se tiene resultados tangibles por la aplicación de las siguientes leyes: - Ley N° 30521, que modifica la Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado con la finalidad de extender la referida obligación a todos los Funcionarios Públicos, Empleados de Confianza y Servidores Públicos para incrementar los alcances de la fiscalización que realiza la Contraloría General de la República. - Ley N° 30535, que incorpora el literal j) al artículo 9 de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, modificada por la Ley N° 29876, mediante el cual se establece que no resulte exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales indemnizatorias ejercidas por la Contraloría General de la República. - Ley N° 30304, que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. - Decreto Legislativo N° 1104, que perfecciona la Ley de Pérdida de Dominio; la Ley N° 30111, que incorpora la pena de multa para los delitos cometidos por funcionarios públicos; la Ley N° 30270 que modifica el artículo 21, inciso b), y el artículo 4 de la Ley N° 26367; la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, otorgando facultades para la suspensión de magistrados, entre otros. Por último, los avances del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, a cargo del CAN-Anticorrupción, se deberían ver reflejados en el fortalecimiento de las estructuras funcionales, como por ejemplo en los órganos de control, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, hecho que bloquea cualquier política pública saludable. 4.2.6 Capacidad para efectivizar la modernización de la gestión pública Con el objeto de hacer más eficiente y efectiva la gestión pública, se aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021; el plan de implementación, iniciado en 2013, ha tenido avances favorables. Sin embargo, aún persisten los problemas de articulación con el Sistema de Presupuesto Público en los gobiernos regionales y locales, los cuales cuentan con inadecuados procesos de producción de bienes y servicios; limitada infraestructura, equipamiento y gestión logística; inadecuada política y gestión de recursos humanos por la diversidad de regímenes laborales; limitaciones en la evaluación de resultados e impactos en el seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades; y la débil articulación intergubernamental e intersectorial propiciada en ocasiones por intereses políticos ajenos a la reforma administrativa. Uno de los más graves problemas de la gestión pública, que afecta el sistema político, es la corrupción de sus autoridades y funcionarios ya que desnaturaliza la adecuada intervención del Estado a través de sus entidades públicas. 4.2.7 Cultura de Seguridad Nacional Existe poco conocimiento por parte de los ciudadanos sobre el concepto de Seguridad Nacional. Lo más grave de esto es que algunas autoridades regionales y locales han mostrado escasos conocimientos en el tema, lo que podría explicar la ausencia de los siguientes aspectos: i. Precaria educación sobre la Seguridad Nacional en los niveles de educación secundaria, educación técnica y universitaria. ii. Falta de voluntad en impulsar la educación en las áreas educativas y en temas de Seguridad y Defensa Nacional con un enfoque integral que promueva la cohesión nacional. iii. Deficiente difusión de la información sobre el significado, la correcta confección y el uso apropiado de los símbolos patrios. iv. Ausente difusión del rol del Estado para promover la adhesión ciudadana a las instituciones en un entorno de paz, orden y respeto al Estado de derecho. El enfoque de una cultura de Seguridad Nacional que valorice e incorpore la nueva visión y enfoque de la Seguridad y Defensa Nacional, es una responsabilidad política y jurídica del Estado con la ciudadanía en todas las dimensiones sobre las cuales la seguridad y defensa se desarrollan. Esto se debe a que el Perú, a lo largo de su vida republicana, no ha consolidado una cultura de Seguridad Nacional, lo que se refleja en que la ciudadanía... no tiene un concepto estandarizado e interiorizado del significado y los alcances de la Seguridad Nacional, debido a que este ha sido identificado únicamente con aspectos militares, sin lograr comprender la naturaleza diversa de los problemas que enfrenta y el alcance de las dimensiones en las cuales se desarrolla. Por otro lado, un amplio sector de la población no cuenta con la adecuada educación que promueva la paz social, lo cual incrementa los comportamientos delictivos, al igual que la indiferencia de las autoridades regionales, municipales y de la propia ciudadanía, quienes evitan involucrarse en la problemática. Para aminorar estos problemas, uniformizar los conceptos de la materia y promover su difusión en el sistema educativo, para fortalecer la seguridad y la identidad, económica, orgánica y del bienestar nacional de los peruanos. La imagen del Perú se impulsará para proyectar al mundo la vocación por su desarrollo de manera pacífica, que busca vigorizar el sistema de relaciones con el extranjero e identificar los intereses estratégicos en los estados del orbe; posicionándose en los estados vecinos con la finalidad de incrementar los niveles de confianza y cooperación entre los países de la región, fomentando el principio de solución pacífica de las controversias y el respeto mutuo de los respectivos derechos soberanos, en el marco de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario conforme a la Constitución y los tratados internacionales. En ese sentido, la comunidad peruana en el exterior constituye en una herramienta de gran importancia para tal fin, por lo que se impulsará su organización para afianzar su identidad y promover en proyectos de interés
Los lineamientos técnicos de implementación de la Política que describirán la articulación en los 3 niveles de gobierno.
Las directivas que detallen los procedimientos (fases, roles de los actores y metodología para elaborar indicadores y matrices).
Los Convenios Marco Interinstitucionales, de los cuales se desprenderán los Convenios Específicos que comprometen acciones de consenso, obligaciones y objetivos.
Las Comisiones Intergubernamentales, Intersectoriales, o Interregionales que son espacios para desarrollar las relaciones interinstitucionales que permiten definir y dar seguimiento en forma ordenada a la intervención, según territorio y escenarios, de las políticas, planes, estrategias y acciones.
El programa de monitoreo y evaluación según los objetivos, metas e indicadores (matrices) de las acciones, y actividades a desarrollar en la etapa de implementación y evaluación de la política.
El Plan de Desarrollo de Capacidades, que sirven de acompañamiento a la Política, para fortalecer las capacidades de los funcionarios que serán responsables de la implementación y evaluación de la política.
Los planes de difusión, para divulgar a nivel nacional la política, determinando etapas, actores receptores de la política y usuarios de la política.
Las matrices de objetivos, metas y evaluación, lo que permitirá consensuar y evaluar el avance de la política, rediseñando los vacíos o deficiencias que se presenten durante el proceso de implementación (Ver gráfico N° 17). (Elaboración propia) Gráfico N.° 17
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Estos mecanismos facilitarán que el Sistema de Defensa Nacional garantice la Seguridad Nacional, a través del desarrollo de la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de acciones que, de manera multidimensional, articulen - interinstitucional e intergubernamentalmente - los procedimientos y operaciones técnicas que se desprendan de los mecanismos de coordinación. En este sentido, se vinculan con todos los sistemas funcionales involucrados en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, particularmente: - El Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza - El Sistema Nacional de Gestión Ambiental - El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos - El Sistema Nacional de Desarrollo Social - El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud - El Sistema Nacional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre - El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Asimismo, se vincula con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC, el cual tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social, y con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - SINAGERD, que tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastres. Considerando que el Sistema de Defensa Nacional garantiza la Seguridad Nacional en el marco de una gestión pública moderna, surge la vinculación con el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. (Ver gráfico N° 18) ARTICULACIÓN DE SISTEMAS FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVOS CON EL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL - SIDENA Gráfico N° 18 Asimismo, el Planeamiento Estratégico Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, que es el proceso permanente y dinámico mediante el cual se establecen los lineamientos de política de Seguridad y Defensa Nacional en el largo plazo - además se encuentra ligado a la Política de Seguridad y Defensa Nacional - se vincula con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico para coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional a fin de promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. En el caso concreto de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, para su articulación vertical y horizontal se identifica el lineamiento de política a implementar (considerando la etapa de socialización de la política) y su relación con los sectores de ea a través de las competencias y funciones atribuidas por su ley orgánica (nacional, regional y local) (Ver gráfico N° 19). PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTO CON EL SECTOR EJECUTOR (Elaboración propia) Gráfico N° 19 El Peruano / Viernes 22 de diciembre de 2017 NORMAS LEGALES 29 Identificado el sector responsable del lineamiento a implementar, a través de la articulación vertical, se identifica al gobierno subnacional (territorial), como se demuestra en el ejemplo siguiente (Ver gráfico N.° 20): (Elaboración propia) Gráfico N.° 20 Identificadas las fases de articulación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, corresponde estructurar su proceso de implementación. Para este diseño se ha considerado el proceso interno y externo del desplazamiento de la política, dependiendo de los actores responsables de su ejecución. Toda política pública tiene como objetivo dar solución a las situaciones problemáticas generadas por necesidades o expectativas - que por su importancia se encuentran en la agenda política y cuyo alcance depende de la dimensión o dimensiones - en las cuales le corresponde actuar conforme a la realidad que se presenta en un ámbito territorial, lo cual determinará la manera como se brindará la Seguridad Nacional. Conforme a los lineamientos propuestos, la participación exitosa del sector público a través de los componentes del Sistema de Defensa Nacional dependerá del involucramiento del sector privado y de la sociedad civil; es decir, los efectos del lineamiento de política no se cumplirán de la misma forma si los percibidos por el ciudadano es que la política presenta fallas en su articulación o si sus resultados no son los correctos en función a las necesidades de la población, lo cual requiere un minucioso análisis del proceso evaluativo. El Decreto Legislativo N.° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional, establece, en su artículo 15.°, que las entidades del Estado están obligadas a articular sus acciones con organismos públicos y gobiernos regionales, Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional - OSDENA, muchas de las cuales dependen de la Secretaría General de los ministerios u organismos públicos y muy pocas dependen del titular del pliego de cada entidad pública. El Decreto Supremo N.° 037-2013-PCM, que aprueba el Reglamento el Sistema de Defensa Nacional, establece las funciones de las OSDENA; siendo estas las encargadas de asesorar a la Alta Dirección de sus entidades en el planeamiento, programación, ejecución y supervisión de la política, y estrategias de Seguridad y Defensa Nacional, en el ámbito de su competencia. En este sentido, las OSDENA cumplen una importante labor de articulación al interior de los ministerios, organismos públicos y gobiernos subnacionales. VII. ARTICULACIÓN DE INTERVENCIÓN SELECCIONADA Para realizar la articulación del Sistema, se ha dividido a las regiones por zonas territoriales, lo que permitirá una mayor eficiencia en la racionalización de los recursos y la ejecución de las actividades, trabajando en conjunto entre gobiernos regionales y locales, desarrollando capacidades que permitan el dominio de la implementación de los lineamientos en las entidades públicas a las que pertenecen, en concordancia asociativa a los ámbitos de influencia en el diseño. (Ver gráfico N.° 21): (Elaboración propia) Gráfico N.° 21